La intercesión de la comunidad académica permitió que actores estatales, civiles y educativos sentaran posturas frente a las facultades legales de la población con capacidades diversas.

A raíz de un llamado extendido por la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR) y la Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales (ACPHES), el pasado 16 de junio, más de 100 personas acompañaron un evento que suscitó reflexiones sobre la autonomía de ciudadanos históricamente vulnerados, mediante el análisis del Proyecto de Ley 248 de 2017, formulado con el fin de eliminar la figura de la interdicción. 

El encuentro se sustentó en las visiones de ocho panelistas y contó con la moderación de Alejandra Jiménez, docente de Terapia Ocupacional de la ECR. Bajo el orden de preguntas marcado por la maestra e intervenciones del público, referentes sectoriales que incluyeron al consultor de Derechos Humanos Dean Lermen, la procuradora de asuntos civiles Adriana Sanclemente y el antiguo asesor político de la Vicepresidencia Santiago Morales desarrollaron sus aproximaciones al tema del día.  

Como resultado de los interrogantes generados, surgieron diferentes enfoques sobre la viabilidad de conceder independencia constitucional a individuos con discapacidad. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Colombiana de Personas con Discapacidad Física, Alcibiades Serrato, calificó la intención a manera de un progreso que permitiría detener abusos sociales, sin dejar de reprobar que la reforma expuesta a la Cámara de Representantes no involucre un periodo de transición, sino proponga anular de inmediato las interdicciones ya decretadas. 

De otro lado, el defensor del pueblo John Rojas señaló que al construir el Estado no se contemplaron problemáticas similares a la libertad de acción discutida en la jornada, a la vez que advertía la necesidad de cumplir la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, declaración normativa que Colombia adoptó en el 2011 y supone garantizar la igualdad de oportunidades a sujetos con deficiencias físicas o mentales, lo cual contradice la práctica de decretar la condición de interdicto. 

Por parte de ACPHES, su directora Jenny Gómez hizo públicas distintas inquietudes frente al Proyecto de Ley radicado. En especial, la psicóloga aseguró que la propuesta no distingue las diferencias entre las discapacidades existentes, y es imprecisa con el perfil de los apoyos jurídicos que relevarían a los guardadores actuales. Igualmente, la vocera advirtió la ausencia de un censo nacional que determine el número real de personas interdictas.

Tantas opiniones como formas de abordar la controversia se notaron en las ponencias restantes, al igual que en una ronda de interrogantes abierta a la audiencia. Sin embargo, el común de los expertos coincidió en destacar la importancia de los círculos universitarios en la difusión del debate, un rol que reafirmó la rectora de la Institución organizadora, Clara Patricia Giraldo, al plantear: “el sector educativo tiene el potencial de ser un lugar de encuentro para garantizar la libertad de enfoques y construir sentido crítico, además de eliminar obstáculos de participación, conforme buscamos hacerlo en la ECR”.

Dada la capacidad de congregación que subrayó la directiva y la trascendencia actual de la situación revisada, al término del coloquio, ambas entidades anfitrionas manifestaron su deseo de facilitar futuros espacios de reunión, con los que sea posible seguir los avances de la iniciativa presentada ante las instancias gubernamentales. En consecuencia, las discusiones relacionadas con el grado de autorregulación que cabe esperar en la discapacidad continuarán en el contexto judicial y académico. 

 



 


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